Las 10 modificaciones legales de los presupuestos en Cataluña

Este martes, en la presentación del proyecto de presupuestos del 2017, todos los ojos estarán puestos en los gastos de cada departamento y las reformas fiscales que incorpora (las que ya fueron adelantadas en su momento y hoy han sido complementadas con la entrada en el Parlamento de la proposición de ley para gravar los bienes no productivos en manos de empresas). Ahora bien, el proyecto de lo que popularmente se conoce como ley de acompañamiento, además de las reformas tributarias, incorpora numerosas modificaciones legales, de carácter más técnico o más político. No en vano, es un texto complejo que contiene 193 artículos, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y dos anexos. ¿Cuáles son esos cambios? Diez de los más destacados son los siguientes:

1. Tarificación social del agua: La ley incluye como beneficiarios de la tarifación social del agua, con una cuota reducida, “las personas y unidades familiares que hayan acreditado ante la entidad suministradora que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o equivalente “o” que les haya sido reconocida por los servicios sociales de la Administración local competente “esta condición. Para hacerlo posible, la Agencia Catalana del Agua (ACA) podrá tener acceso a los datos personales. Es una medida aplaudida por el Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC) en su dictamen, aunque cree que “podría ser más ambiciosa” e incluir las familias con dificultades “sin el certificado físico de los servicios sociales”.

2. Menos tasas a los inmigrantes: El órgano consultivo también ve positivo que la ley suprima la tarifa a pagar por los inmigrantes para conseguir el informe de acreditación del grado de integración social para el arraigo social y el informe correspondiente el esfuerzo de integración para la renovación de residencias temporales. Sin embargo, otras tasas suben. Es el caso de la renovación o reposición de la tarjeta sanitaria del Servicio Catalán de la Salud, que pasaría de un coste de 7,35 euros actuales a 10 euros.

3. Sanciones contra la pobreza energética: Otro de los elementos que el CTESC valora es que la ley fija que la Agencia Catalana del Consumo debe destinar de forma finalista los importes provenientes de sanciones a suministradoras de electricidad, gas y agua que han infringido la ley contra la pobreza energética, precisamente y de forma íntegra, en “actuaciones derivadas de los planes de lucha contra las situaciones de vulnerabilidad económica relacionada con la pobreza energética”.

4. Reforma de la Sindicatura de Cuentas: La ley de acompañamiento también modifica la ley de la Sindicatura de Cuentas a fin de darle más libertad para fiscalizar aquellos órganos que crea oportuno (librando-la de la fiscalización anual de unos mismos organismos que ya le ocupaban buena parte de los recursos) y para permitir que se le presenten denuncias por parte de personas físicas o jurídicas o de forma anónima. El CTESC alerta, sin embargo, que estos artículos requieren de la mayoría absoluta del pleno para aprobarse, ya que cambia una norma que es una ley de desarrollo básico del Estatuto -no será suficiente, por tanto, con los dos votos a favor y las ocho abstenciones con que la CUP facilitará la tramitación de los cuentas-. Asimismo, la ley de acompañamiento también obliga al director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) a presentar y hacer pública una memoria anual de su actividad.

5. Contratación pública con criterio social: Para luchar contra el fraude en la contratación pública, la ley reclama desde ahora un informe preceptivo para poder hacer uso de procedimientos que limitan la concurrencia, como los de urgencia, prórrogas o modificaciones contractuales, así como dificulta el encadenamiento de contratos menores. Además, habilita a que se valore en el proceso de selección criterios como los salarios y condiciones laborales de la plantilla de la empresa contratista, así como impide la contratación de empresas que defrauden o operen en paraísos fiscales, de forma directa oa través de filiales.

6. Basta bolsas de plástico gratuitas: En la línea de querer reducir en un 90% las bolsas de plástico hasta el 2020, la ley prohíbe que los comercios regalen bolsas de plástico. Desde ahora, será obligatorio cobrarlas, tanto si se recogen en la tienda como si sirven para entregar una compra en un domicilio.

7. No más conciertos educativos: Tal como exigía la CUP, la ley fija que el próximo curso 2017/2018 “no se concertarán nuevas líneas [educativas] en centros ordinarios de titularidad privada”, así como tampoco se reducirán por abajo las líneas públicas , dado que no se cerrarán líneas de P3 en relación a las que ya funcionan el curso vigente.

8. Recuperar Aguas Ter-Llobregat: También en la línea de lo que pedían los anticapitalistas, el Gobierno se compromete a que, si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declara nula la privatización de la empresa aguas Ter-Llobregat, “presentará al Parlamento la voluntad de recuperar la gestión directa, así como las medidas para hacerlo posible”. No se consigna, sin embargo, una partida presupuestaria para pagar la indemnización que conllevaría la medida.

9. Fin de la ley catalana de estabilidad presupuestaria: La ley de acompañamiento deroga completamente la ley catalana de estabilidad presupuestaria aprobada en 2012 por CiU y el PP, lo priorizaba el pago de la deuda por encima gasto ordinario y fijaba objetivos de déficit más ambiciosos que su homóloga estatal. Era también una reclamación de la CUP.

10. Nuevos organismos de seguridad ferroviaria y gestión marítima: A pesar de que la tendencia es la de reducir el número de entidades públicas, la ley crea dos nuevos entes. Por un lado, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, “como autoridad responsable encargada de la aplicación al sistema ferroviario de Cataluña de las normativas vigentes en materia de seguridad ferroviaria que les sean aplicables”. Por otra parte, impulsa el Consejo Catalán de Cogestión Marítima como órgano participativo en el ámbito de las políticas marítimas, con la participación de los departamentos implicados en la materia, los agentes y entidades vinculados a los sectores marítimos, y las entidades ambientales y de investigación .

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